Le llevo dando vueltas varios años a la presunción de inocencia y veo paradójico que además de ser un derecho fundamental sea el parapeto de los delincuentes.
Hace ya varios años, la fiscalía anticorrupción anunció a bombo y platillo la detención de varios concejales como muestra de su lucha contra los corruptos. Y pensé: si realmente se quiere acabar con la corrupción, basta con detener a todos los concejales de urbanismo de todos los ayuntamientos de España e irlos soltando conforme demuestren su inocencia. En pocos días, se habría terminado con la corrupción en los ayuntamientos, empezarían a suscribir acuerdos para minorar las penas, se detendría a muchos corruptores y probablemente se descubrirían otros casos en otras administraciones.
Claro, es absurdo eliminar la presunción de inocencia porque lloverían denuncias entre rivales políticos dado que la pena por interponer una denuncia falsa sería mucho menor que la posible ganancia (aunque no sean inteligentes, son capaces de aplicar una gestión de riesgos mínimamente).
El argumento es el siguiente. Supongamos que los cargos públicos pierden la presunción de inocencia mientras ejerzan el cargo. Lo evidente es que estarían expuestos a multitud de denuncias falsas. Vayamos un poco más allá. ¿Cómo actuarían los cargos públicos?
- Guardarían registro de todas sus actividades y reuniones.
- Grabarían sus conversaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas.
- Harían que todas las decisiones técnicas fuesen tomadas y documentadas por técnicos.
- Harían que todas las decisiones políticas quedasen avaladas por actas y justificadas por unos objetivos cuantificables.
- Harían que todos los registros fuesen rápidamente accesibles para demostrar su inocencia
Es decir, si los acusasen de mantener conversaciones secretas con Fulano para la concesión del proyecto X con un presupuesto inflado un N%…
- Mostrarían toda su agenda de los días en cuestión. Se podrían contrastar con las personas mencionadas.
- Mostrarían todas sus conversaciones de esos días.
- Justificarían la concesión del proyecto X con documentación realizada por técnicos. Y el presupuesto, avalado también por técnicos.
- En definitiva, pondrían toda la documentación disponible en manos del juez y en un plazo de tiempo entre muy corto o inmediato.
En definitiva, harían su trabajo. Y de una manera intachable. Además, eso podría ayudar a descubrir al realmente corrupto (¿el técnico?).
Una copia electrónica de todos los registros podrían enviarse automáticamente al Ministerio de Administraciones Públicas, o a la Fiscalía Anti-corrupción. Cuando el cargo público pierde su puesto, volvería a recuperar la presunción de inocencia pero sin la posibilidad de eliminar todo rastro de culpabilidad. Que, por cierto, es a lo que parecen dedicarse los cargos públicos. Afortunadamente, un número elevado de ellos no están en el cargo por ser inteligentes.
No quiero decir con todo esto que los políticos son unos ladrones sino que los ladrones se hacen políticos porque saben que tienen un ambiente favorable para sus fechorías. En modo análogo, los curas no son pederastas pero sí un número notable de pederastas se hacen curas. En ambos ambientes, se dan las condiciones para cometer el crimen. En el caso de los políticos, creo que cancelar temporalmente la presunción de inocencia consigue que se eliminen esas condiciones.
Pongamos por caso que el Excelentísimo Señor Granados es un villano. Al tener cargo público, todas sus conversaciones telefónicas serían grabadas. Si comprase teléfono particular no podría demostrar la inocencia de sus conversaciones. En ese caso, estamos ante la situación actual, el juez tendría que ordenar el registro de las llamadas de ese teléfono (porque todas las de los teléfonos oficiales ya las tendría a su disposición). Si forzase que un técnico firmase una concesión, el técnico sería acusado. La defensa del técnico sería, lógicamente, apuntar al Excelentísimo Señor Granados pues carece de presunción de inocencia. Eso no quitaría que los ingresos y actividades del técnico y su entorno también fuesen escrutados.
Son tantas las ventajas que creo que debería hacerse un simulacro con un caso conocido y presumir cuál hubiese sido el resultado. Desde luego evitaríamos situaciones como las de Costa o Acebes afirmando que no conocen a un individuo o los conocidos “no me consta”.
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